miércoles, 30 de mayo de 2012

¡TODOS A LA CÁRCEL!

Nos gusta la peli de Berlanga

 

¿Cómo es posible que el gobierno de Rajoy esté todos los días

recordándonos lo que vale una operación en nuestros hospitales, las clases

que dan nuestros maestros, la atención de nuestros mayores o el sambenito

del cafelito de los funcionarios y, sin embargo, ahora se disponga a inyectar

miles de millones de euros a Bankia sin depurar primero responsabilidades,

sin poner sobre la mesa la catastrófica gestión que han llevado a cabo sus

directivos (y los de las cajas de origen), el daño que ha hecho al erario público

la injerencia constante de los gobernantes "liberales" de la Comunidad de

Madrid y la Comunidad Valenciana en su gestión?

La situación en la que nos encontramos demuestra claramente que la

creación del SIP que dio lugar a BFA y Bankia, un tinglado bancario montado

con dinero público del contribuyente bajo un ilustre político fracasado como

director gerente del FMI y uno de los patrocinadores de la legislación que

liberó el suelo patrio para la especulación inmobiliaria, no era más que una

maniobra consensuada por los dos partidos mayoritarios con el objetivo

básico de ocultar la corrupción sistémica y las responsabilidades de gestión

de las oligarquías políticas regionales que habían impulsado Cajas

"engrandecidas" con la especulación inmobiliaria alimentada por el dinero

barato del exterior y los mecanismos bancarios financieros, eso sí con la

imprescindible complicidad de los propios directivos de cada entidad.

Y no sólo de ellos, también hay que exigir responsabilidad a las auditoras, que

ahora en 2012 se niegan a firmar las cuentas anuales de Bankia mientras lo

han hecho sin problemas en ejercicios anteriores, en el análisis del proceso de

integración, en la salida a Bolsa, etc….

Y, por supuesto, a la CNMV, que supervisó la salida a bolsa en la primavera

pasada, y al Banco de España que en febrero último afirmaba la capacidad de

todas las entidades financieras para hacer frente a las provisiones requeridas

por la reforma financiera aprobada por el gobierno en ese mes, del mismo

modo que no puso ninguna objeción al plan de saneamiento presentado por

Bankia el 31 de marzo y el 17 abril. Por no actuar, ni siquiera consta

expediente alguno abierto por no haber presentado en plazo las cuentas

anuales del ejercicio 2011.

Porque hay que decirlo claro, el problema que se plantea es de calidad

patrimonial, tanto de inmuebles en propiedad como en garantía de otros

activos, y este problema no se ha producido o aflorado en los últimos meses.

Estamos hablando de inmuebles que tienen existencia física real, pero cuyo

valor contable resulta imaginario porque su valor real actual es tendente a

cero en muchos casos, son activos que ni se venden ni se compran ni ahora

ni desde hace mucho tiempo, ni en un futuro como en caso del suelo.

Desde este punto de vista la relación de posibles delitos a investigar

puede hacerse enorme:

· Las alteraciones contables y falsificación de balances, si las hubo, para

poder proceder a las fusiones entre las siete cajas en liza.

· Las eventuales manipulaciones tendentes a obtener un patrimonio

positivo para poder salir a Bolsa, con un posible delito de fraude de

emisiones.

· La información dada con cuentagotas y sin fundamento sobre el real

estado patrimonial antes y después de la intervención.

· Las retribuciones variables e indemnizaciones por todos los conceptos

que hayan percibido consejeros y directivos de Bankia y las Cajas de

origen, con posibles cargos por administración desleal y/o fraudulenta, o

apropiación indebida de cara a los depositantes y accionistas.

Y no es admisible que toda esta rapacería se solucione enviando a su casa a

los responsables que además de irse de rositas se llevan un pastón. Estamos

hablando de todos los miembros de los distintos Consejos de

Administración y de las cúpulas directivas de cada Caja. Sin excepción.

Hoy la prensa se hace eco de que Aurelio Izquierdo, antiguo Director General

de Bancaja, podría percibir 14 millones de euros cuando deje la entidad.

¿Estamos locos?

 

Es necesaria una investigación que establezca responsabilidades

acordes con cada actuación individual durante estos años, y que paguen

los culpables. Que devuelvan indemnizaciones y Retribuciones Variables y

que les imputen y respondan de los delitos que pueden haber cometido.

Ya está bien de que seamos los trabajadores y trabajadoras de primera línea,

los que estamos todos los días en la trinchera de las oficinas, los que

tengamos que soportar los insultos de los clientes y la sociedad en general.

Los que, pese a llevar muchos años trabajando con responsabilidad, entrega y

orgullo en nuestras respectivas entidades, ahora nos avergoncemos de

reconocer en público que somos empleados de Cajas de Ahorro.

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